La Xunta ha presentado este jueves un estudio encargado a una consultora sobre los costes que supondría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9 que está en tramitación en el Congreso y que, tal y como está redactada, supondría la ampliación de las bonificaciones ya en vigor y el fin del incremento anual de los peajes.

Todo ello se traduciría en un incremento de unos 526,5 millones de euros sobre el montante de 1.149 millones que ya se van a pagar hasta 2048 -año en el que finaliza la concesión a Audasa- con el mantenimiento de las bonificaciones que hay ahora en vigor. En total, siempre según este informe realizado por Eptisa, se pagarán unos 1.676 millones.

Esta cifra «nada tiene que ver con el baile de números dado por el Gobierno», ha esgrimido la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y al jefe de Proyectos de la consultora, Marcos Maderuelo.

En este contexto, el estudio del Gobierno autonómico contempla tres escenarios posibles para la AP-9: la transferencia de titularidad, que no llevaría aparejado un coste a mayores; la transferencia junto con nuevos descuentos, que lo subiría en los 526,5 millones ya mencionados; y la finalización de la concesión.

Precio del rescate

En esto último es en lo que ya no coinciden tanto la Xunta y el Ejecutivo estatal. Puente había asegurado en junio que el rescate de la concesión de la AP-9 supondría un gasto de 4.000 millones para las arcas públicas, que ascenderían a 6.000 si, en paralelo, se hiciese el traspaso.

Sin embargo, el Gobierno gallego estima que el pago de rescate, con efectos a 31 de diciembre de 2024, se situaría entre los 1.612 y los 2.355 millones. Para calcularlo, su estudio tiene suma el pago de la indemnización a Audasa -que no se establecen con exactitud, de ahí la horquilla- y los costes derivados de la eliminación de las cabinas de peaje y de la conservación y explotación de la autopista hasta 2048.

A esto le resta, porque se ahorrarían, los 1.149 millones que se dejarían de pagar en bonificaciones en todo este tiempo. En cualquier caso, la conselleira ha subrayado que la postura de la Xunta es a favor de la transferencia y la ampliación de las bonificaciones, tal y como está reflejado en la ley que parte del Parlamento gallego con unanimidad y que el Congreso admitió a debate el pasado mes de junio, después de que su tramitación fuese suspendida hasta tres veces por convocatorias electorales.

Martínez Allegue ha confirmado que el estudio realizado por Eptisa será remitido al ministro de Transportes y que espera tener «una respuesta», así como poder mantener con él una reunión en la que abordar no solo la situación de la Autopista del Atlántico, un «vial fundamental y vertebrador» de Galicia, sino también otros aspectos como el estado de las carreteras nacionales en la comunidad.

Fuente: eleconomista.es