La Comisión Europea ha enviado al Gobierno de España un dictamen motivado por haber incumplido las normas europeas al prorrogar la concesión de la autopista AP-9 sin concurso público.

El dictamen es consecuencia directa de la denuncia que presentó en 2019 la asociación de consumidores EN-COLECTIVO, que lleva años luchando contra las prórrogas que permiten a la empresa Audasa seguir cobrando peajes hasta 2048.

“Esto es un respaldo rotundo a nuestro trabajo. Bruselas nos da la razón: lo que se hizo con la AP-9 fue un escándalo jurídico que llevamos pagando los gallegos más de 40 años”, ha declarado Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO.

Desde la asociación se espera que este sea el paso definitivo para conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita, como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia. Asimismo, insta al Gobierno de España a que actúe de forma inmediata para corregir la irregularidad y anule la concesión.

Procedimiento abierto

  • La AP-9 está gestionada por la empresa privada Audasa.
  • En 1994 y 2000, el Gobierno español le concedió dos prórrogas, extendiendo su gestión hasta 2048.
  • Según las normas europeas, esas prórrogas equivalen a una nueva concesión, que deberían haberse sometido a licitación pública.
  • Al no hacerlo, España ha vulnerado la normativa de contratación de la Unión Europea.

 

Denuncia de EN-COLECTIVO

  • 2019: EN-COLECTIVO presenta la denuncia ante la Comisión Europea.
  • 2021: Bruselas envía una primera advertencia al Gobierno español.
  • 2024: Se remite una segunda advertencia ante la falta de respuesta.
  • 2025: Se emite el dictamen motivado, último paso antes de acudir a los tribunales europeos.

 

Sobre la AP-9

La AP-9 (Autopista del Atlántico) es una autopista de peaje que recorre la costa oeste de Galicia, en el noroeste de España. Une las ciudades de:

  • Ferrol
  • A Coruña
  • Santiago de Compostela
  • Pontevedra
  • Vigo
  • Y llega hasta Tui, en la frontera con Portugal.

 

Es la principal vía de comunicación de Galicia, ya que conecta las principales ciudades y zonas industriales de norte a sur. Está gestionada por la empresa privada Audasa (Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española S.A.), perteneciente al grupo Itínere, mediante una concesión que, tras varias prórrogas, se extiende actualmente hasta el año 2048.

Desde hace años, existe un fuerte debate social y político en Galicia sobre el coste de sus peajes y la legalidad de las prórrogas de la concesión. Por eso, EN-COLECTIVO presentó una denuncia ante la Comisión Europea, que acaba de tener respuesta favorable.