Tras una eterna espera, el Alto Tribunal señala la causa para el 17 de septiembre, casualmente el mismo día que finaliza el plazo para que el Gobierno decida sobre la prórroga de la AP-9 declarada ilegal por la Comisión Europea.

El procedimiento por los peajes de las obras de Rande nació en mayo de 2018, que fue cuando la Fiscalía Provincial de Pontevedra se hizo eco del clamor ciudadano e institucional por las largas retenciones de tráfico abriendo de oficio unas diligencias preprocesales civiles de protección de los derechos de los consumidores y usuarios. La causa recayó en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, que en febrero de 2020 estimó en parte los argumentos del Ministerio Público y de la plataforma En-Colectivo y condenó a Audasa a devolver los peajes cobrados de forma abusiva en 81 incidencias de tráfico registradas en el período litigioso. Un año después, en abril de 2021, el caso dio un giro y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a la concesionaria al concluir que no tenía la «libertad» suficiente para rebajar las tarifas, dejando como única vía la de las demandas individuales de responsabilidad civil en reclamación de daños y perjuicios, en la práctica inviables por lo costosas que serían para los ciudadanos.

Noticia completa: Faro de Vigo