La asociación En-Colectivo expresa su profunda preocupación ante la maniobra de Audasa para evitar pagar a los miles de usuarios de la AP-9 que sufrieron el cobro indebido de peajes durante las obras del Puente de Rande, pese a existir una sentencia firme y clara del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria a devolver esos importes.

Tras el fallo, Audasa habilitó un buzón especial para que los afectados enviasen sus solicitudes de devolución con la documentación acreditativa. Sin embargo, pocos días después, el 24 de noviembre de 2025, la empresa presentó ante la Sala Primera del Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales.

Para En-Colectivo, este movimiento es incoherente y difícil de justificar, ya que mientras se invita formalmente a los usuarios a solicitar la devolución, se activa al mismo tiempo un procedimiento excepcional cuya finalidad es cuestionar o anular la sentencia que reconoce precisamente ese derecho a ser reintegrados.

Una sentencia firme que el Supremo dejó meridianamente clara

El fallo del Tribunal Supremo —que sienta jurisprudencia— establece de forma inequívoca que:

  1. Los usuarios tienen derecho a reclamar la devolución de lo pagado indebidamente, con intereses.
  2. La concesionaria incumplió su obligación de informar de forma adecuada sobre el estado del tráfico y las afectaciones del servicio.
  3. Un intento improcedente de reabrir lo que ya está resuelto.

A juicio de En-Colectivo, la estrategia jurídica de Audasa resulta improcedente por tres motivos fundamentales:

  1. La sentencia del Supremo es firme y ejecutiva. Ninguna acción ante el Tribunal Constitucional puede suspender ni alterar un fallo económico del Supremo.
  2. No existe vulneración de derechos fundamentales. El Constitucional no revisa hechos ni pruebas, y este caso carece de contenido constitucional: el proceso se desarrolló con todas las garantías.
  3. Supone reabrir artificialmente un asunto ya resuelto. Pretender evitar ahora el pago contradice directamente el mandato del Supremo y supone ignorar el derecho de los usuarios a recuperar su dinero.

 En-Colectivo: “Los ciudadanos merecen respeto y cumplimiento de la ley”

“Una vez más nos sorprende que Audasa, en lugar de asumir su responsabilidad, intente dilatar lo que el Supremo ha dejado meridianamente claro. Los usuarios merecen respeto y las sentencias deben cumplirse”, afirma Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. “Miles de conductores pagaron un servicio que no recibieron. Es hora de que Audasa devuelva lo que nunca debió cobrar”, añade.

En-Colectivo recuerda que cualquier persona que circulase por la AP-9 durante los episodios recogidos en la sentencia puede reclamar la devolución de los peajes y la asociación pone a disposición del público su guía de reclamación y acompañamiento jurídico para facilitar el proceso en la web www.en-colectivo.com.