Los conocimientos adquiridos sobre derecho comunitario en su formación permitieron a Diego Maraña (Vigo, 1972) advertir que la AP-9 podría estar fuera de la ley europea, «la que prima sobre el derecho nacional». En base a ese principio, acudió en el 2003 a Bruselas para intentar cambiar una decisión del Gobierno en materia de medio ambiente, y ganó. Ahora, como presidente de la asociación de consumidores En Colectivo, espera que la Comisión Europea le vuelva a dar la razón declarando ilegal la prórroga que amplió en 25 años y hasta el 2048 la concesión de la autopista gallega. Tras su denuncia, el Ejecutivo comunitario ha abierto dos expedientes sancionadores contra España: por no haber sacado a concurso las obras que motivaron la ampliación del contrato (prolongación del vial a Ferrol), y por no someter a la oferta del mercado la propia prórroga de la concesión.

—¿Pensó realmente que metería al Gobierno en el brete en el que se encuentra con la AP-9?

—Sabíamos que la Comisión Europea no admite ni el 0,05 % de las denuncias que recibe, pero el trabajo que hicimos con el bufete Gándara-Moure estaba muy argumentado, basado en la normativa que establece que cualquier modificación de una concesión, en su plazo o precio, obliga a convocar un nuevo concurso. Ese fue el incumplimiento.

—Se van a cumplir seis años de la presentación de la denuncia, ¿qué falta para que se pronuncie definitivamente la Comisión?

—El Gobierno ha dilatado sus respuestas todo lo posible. Ahora es la Comisión Europea la que debe emitir un dictamen motivado y decidir si acepta o no el razonamiento de España de que se prorrogó la concesión para beneficio de la propia Administración, al ser entonces la concesionaria una empresa pública.

—Bruselas ya ha advertido que no le convence ese argumento.

—Lo ha dicho dos veces el anterior comisario de Competencia, y que la intención de ampliar la concesión fue para engordarla económicamente y hacerla más atractiva para su venta, como así ocurrió solo tres años después.

—El Gobierno rechaza responsabilidad en esa decisión tomada por Aznar en el 2000, pero se niega a aceptar el fin de la concesión.

—Hubo dos ampliaciones de contrato. Si antes el PSOE no la hubiera ampliado en diez años, no estaríamos hablando de la segunda prórroga. El PSOE lo hizo para justificar unas obras de 160 millones de euros y la concesionaria recibió en esos diez años unos 1.600 millones de euros. ¡Un trueque llamativo! Y lo mismo pasó con la segunda prórroga. Lo que no entiendo es por qué este Gobierno permite mantener una autopista hasta el 2048 con unos pagos desorbitados para los usuarios gallegos, cuando hay un incumplimiento de la norma europea que obliga a todos.

—Habla de rentabilidad. ¿Cree que la AP-9 está realmente amortizada tras 45 años, 4.000 millones de ingresos y 1.200 de beneficios?

—La concesión de la AP-9 se hizo para 40 años, y la partida más elevada de su gasto era su construcción. Esa había que haberla afrontado desde el minuto uno en los años setenta para zanjarla en el plazo de contrato previsto. En cambio, nos encontramos con que a cuenta de dos obras posteriores y sendas prórrogas, casi 50 años después, la amortización de la inversión no llega ni al 40 %.

—¿Sugiere una ralentización forzada de la amortización?

—Lo que resta por amortizar tendrá un peso importante a la hora de indemnizar a la concesionaria si la Comisión Europea y, en última instancia la Justicia comunitaria, fallan que la prórroga de la concesión no es legal. Por eso, con esos números sería entendible que algún juez analice la baja amortización de la AP-9, que analice por qué durante todos estos años el beneficio-rentabilidad de la concesionaria es muy superior al obtenido por cualquier otra empresa mientras la amortización de sus inversiones es, en cambio, mucho menor.

—¿Qué peso tendría eso si Bruselas corta la concesión y hay que indemnizar a la concesionaria?

—Es muy cuestionable que una empresa que va tan fantásticamente bien deje para el final el grueso de sus amortizaciones. Eso debería analizarse para rebajar una posible indemnización en lugar de hablar de pagos de 2.000, 4.000 o 6.000 millones como hace el Gobierno, que parece blindar la rentabilidad de un negocio en lugar de a los gallegos.

«Nos inquieta que quien vaya a decidir sea Teresa Ribera»

Diego Maraña sumó a En Colectivo a las diligencias abiertas por la Fiscalía en el 2018 contra el «cobro abusivo» de los peajes en la AP-9 durante las obras de ampliación de Rande. La causa se ganó en una primera sentencia, se perdió en el recurso y ahora languidece en el Tribunal Supremo. El temor a que la denuncia presentada en Bruselas se eternice, emerge para Maraña con el nuevo Gobierno comunitario.

—¿Concibe una marcha atrás de la Comisión Europea en la AP-9 tras decir dos veces que prorrogar su concesión fue irregular?

—Este procedimiento ha estado muy bien encaminado, porque la Comisión Europea ha visto desde el minuto uno que había incumplimiento, y de manera demoledora dice que se engordó el valor de la autopista para venderla. Con eso, hasta ahora, estábamos muy esperanzados, pero el comisario europeo que llevó la denuncia ya no está y ha pasado a depender de la vicepresidenta europea Teresa Ribera, que pertenece al mismo partido (el PSOE) que mantiene su oposición a poner fin a la concesión. Que vaya a decidir ella nos inquieta y preocupa, porque si no se atiende lo que ya ha dicho la Comisión hasta ahora, los gallegos pagaremos peajes en la AP-9 hasta el 2048.

—Aunque el Gobierno comunitario mantenga el criterio de ilegalidad, el ministro Óscar Puente ha adelantado que lo llevaría ante la Justicia europea.

—Si el Gobierno español no lo aceptase, tendría que dirimirse en el Tribunal de Justicia de la UE, y nos iríamos a 5, 6 o 7 años más, y seguir pagando peajes. Eso sí, cuando se emita el fallo será firme, en cuanto se ordene la ejecución de sentencia, y si no se acata, es cuando llegarían las sanciones económicas a España. ¡Y esas duelen!

—¿Qué le parece que el Gobierno decida pagar 3.150 millones en bonificaciones de peajes en lugar de rescatar la autopista?

—Deberíamos exigirle que explique por qué alude a un quebranto económico de la empresa para mantener la concesión y oponerse a zanjar el contrato sin explicar en serio las cifras de la AP-9.

Fuente: lavozdegalicia.es