Las denuncias que se ponen ante la Comisión Europea y acaban en dictamen motivado es ínfimo», admite Diego Maraña tras lograr que la suya sí lo haya logrado. Seis años después, celebra la fundamentación jurídica de la denuncia que impulsó desde la asociación En Colectivo sobre la ilegalidad de la prórroga. «Que se haya demorado tanto en el tiempo ha sido por la oposición del Gobierno a no admitir el incumplimiento», señala.
—¿Por qué el Gobierno se ha resistido a enmendar la situación a pesar de las advertencias?
—Eso nos lo tenemos que preguntar todos los gallegos: ¿cuál es el interés político del Gobierno para que, comunicándole de forma reiterada la Comisión Europea que ha habido ese incumplimiento, se mantenga en una posición de sí o sí oponerse? No hemos tenido transparencia ni respuesta a las alegaciones ni en nada. Como dijo un día un ministro: «Es secreto de Estado». Todos los ciudadanos, empresarios y administración tenemos derecho a conocer la posición del Gobierno, más cuando mantener esta autopista operativa supone un coste desorbitado hasta el 2048. El Gobierno dilata en el tiempo algo clave para los gallegos. Si una autopista se ha ampliado de forma ilegal, no hay justificación para que esto no se finalice en una anulación de la concesión.
—El Gobierno habla de un quebranto económico en caso de anular la concesión.
—Las cifras que se manejan son una falta de rigor y seriedad. Inicialmente se habló de 2.000 millones, después 4.000 y acabó en 6.000. En ningún momento dijo en base a qué salen esos importes. La UDC hizo un informe que valora la cuantía en torno a 1.600 millones, y la Xunta, con un informe acreditado por técnicos, entre 1.600 y 2.500 millones de euros. Estas cantidades son muy inferiores al coste que tiene el Estado por pagar los retornos de los peajes diarios y los peajes en sombra.
—¿Existe un interés en dilatar el proceso?
—Lo único que hace esa dilatación es perjudicar a los gallegos y al Estado, porque el coste siempre va a ser más elevado. Al político que diga que el tema económico es el problema para no iniciar un expediente de anulación le tenemos que preguntar para qué sirven la Justicia y las leyes. En estos dos meses, todos los gallegos tenemos que unirnos para exigirle al Gobierno que deje de oponerse a un dictamen motivado.
—¿Cuál es el coste de oponerse?
—Oponerse, lo único que va a hacer es perjudicar a los gallegos seis o siete años por una facturación de entre 170 y 200 millones que tendrá [Audasa] cada año hasta entonces, estamos hablando de más de 1.500 millones de euros que vamos a pagar, de los que el 40 % lo pagará el Estado, y el resto los ciudadanos y empresas de Galicia. El Gobierno sigue permitiendo el cobro de unos peajes indebidos conociendo la ilegalidad de la ampliación. Qué más da el coste económico si ha habido incumplimiento de una normativa. Hay que proceder a resarcir y solucionar ese problema.
—¿Cómo cree que terminará?
—Dependerá de la voluntad política, de lo que quiera este Gobierno: si mantener una autopista de pago o iniciar la anulación de la concesión.
—¿Por qué la amortización es tan baja 50 años después?
—Al fondo de inversión detrás de esto le interesa que, cuanto más gane a corto plazo, mejor. Ya amortizará en los últimos años. Si le expropian, que se coma otro la amortización. Los dividendos que se reparte la autopista no son los correspondientes a si aplicase una amortización como corresponde. Aquí, en 52 años, solo ha amortizado el 30 %, lo que repercute directamente en los beneficios: más de un euro de cada tres son beneficio neto. Ninguna empresa en España tiene esos resultados periódicamente.
—¿Debe haber indemnización?
—El juez tendrá que valorar todo aquello que ha cobrado de más si hubiera hecho la amortización correspondiente. Si yo me beneficio, no voy a reclamar un lucro cesante que ya he cobrado por adelantado al no haber amortizado el 100 % de la inversión.
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