Diego Maraña, el presidente de la asociación de consumidores En-Colectivo, espera que esta vez el Gobierno no ponga trabas a la eliminación del peaje en la AP-9 tras entrar el proceso en su recta final en la Comisión Europea. A partir de mañana sábado, en que finaliza el plazo (ya prorrogado) que la UE dio al Gobierno de España para exponer sus argumentos, sería cuestión de semanas que el Ejecutivo reciba una nueva carta de emplazamiento de la UE por la prórroga concedida en tiempos de Aznar y en vigor hasta 2048.

En-Colectivo fue la instancia autora de la demanda, pero pese a ello apenas sabe algo de cómo avanzan los trámites. “El Gobierno no ha hecho públicas sus objeciones a la demanda ni qué argumenta para mantenerse la prórroga, y con ello el peaje, es como un secreto de Estado”, señala. La posición de Maraña es conocida: entiende que el Gobierno «no debe oponerse» a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea y asumir el rescate de la autopista.

Tampoco entiende Diego Maraña que ahora el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegure que la anulación de la concesión es inaceptable porque tendría un coste de unos 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar entre 1.260 y 2.600 millones del coste de la transferencia a Galicia, por lo que rechaza dicha vía. “Es una desfachatez, y además incumple los acuerdos de investidura con el BNG, que comprometió su apoyo a terminar el peaje”, señala. Mantiene que dicha cifra no tiene sentido, y que será un juez el que marque el coste económico en la indemnización.

“Audasa en 51 años de gestión apenas ha amortizado el 40 por ciento de la obra, por lo tanto, el lucro cesante tiene que ser mucho más reducido”, añade Diego Maraña, que recuerda que el Consejo de Estado ya señaló que sería más barato recuperar el control directo sobre la autopista que mantener el pago en la sombra -los peajes de Rande, Santiago y otros- hasta 2048.

En-Colectivo ha advertido de que, tras un primer intento del Gobierno de acogerse a una excepcionalidad para validar la prórroga de la concesión (aprobada por el Ejecutivo de Aznar en el año 2000) «ya no queda más argumentación». «La Comisión ya dejó claro que hubo un incumplimiento de la ley, y que la intención clara de la prórroga de la concesión era revalorizar la autopista para su venta». La denuncia se interpuso porque no se cumplió la normativa europea en materia de licitación y competencia, ya que la prórroga, de 25 años, se aprobó sin convocarse un concurso público, siendo otorgada directamente a Audasa.

En cinco años termina en el acceso a Madrid

La asociación, a las puertas de que expire el plazo dado por la Comisión, ha vuelto a pedir al Gobierno que no se oponga a la carta de emplazamiento y anule la concesión, abonando la indemnización «que determine un juez» a la empresa para evitar que Galicia quede damnificada. “En el resto de España se están eliminando los peajes y aquí sigue creciendo”, señala Diego Maraña, que indica una serie de ejemplos en este sentido por todo el país.

En este sentido, recientemente la senadora socialista segoviana Lirio Martín aseguraba en la Cámara alta que el Gobierno no contempla otro escenario que el fin de los peajes de la AP-6 en noviembre de 2029, además de ofrecer ‘la mano tendida’ a todas las administraciones para trabajar juntas en la solución del intenso tráfico que atraviesa San Rafael por dicha autopista. Lirio Martín ha recordado que noviembre de 2029 es el año que, desde su partido y desde el Gobierno, se plantea como última fecha en la que el túnel de Guadarrama, la entrada por la autopista a Madrid desde Galicia, siga siendo una vía con peaje.

Fuente: atlantico.net