La Comisión Europea acaba de comunicar oficialmente al Gobierno de España que ha incumplido la normativa comunitaria al prorrogar la concesión de la Autopista del Atlántico (AP-9) sin licitación pública. El dictamen motivado que acaba de recibir el Ejecutivo español constituye el paso previo a una posible demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se basa en la denuncia presentada en 2019 por la asociación de consumidores En Colectivo.
La noticia abre claramente la posiblidad de que España inicie un procedimiento de anulación de la prórroga a la actual concesionaria de la AP-9 gallega y levante los peajes o convoque un concurso público distinto.
El dictamen europeo llega tras seis años de procedimiento abierto por la Comisión, que comenzó en 2019 con la denuncia de En Colectivo, motivada por las prórrogas de la concesión de la AP-9 otorgadas por los gobiernos de Felipe González (1994) y José María Aznar (2000). Aquellas decisiones permitieron a la empresa concesionaria, Audasa –filial del grupo Itínere–, mantener el cobro de peajes hasta el año 2048, lo que, a juicio de Bruselas, constituye una nueva concesión encubierta que debió ser sometida a concurso público.
Dos advertencias previas y la inacción del Gobierno
En 2021, la Comisión envió una primera carta de emplazamiento al Gobierno español, recordándole que la legislación europea sobre contratación pública exige la apertura de un proceso competitivo cuando se produce una modificación sustancial de las condiciones de una concesión. En 2024, ante la ausencia de respuesta efectiva, Bruselas reiteró la advertencia y concedió un nuevo plazo para que el Estado regularizara la situación.
Finalmente, el dictamen motivado emitido este 17 de julio de 2025 establece que España ha vulnerado el Derecho de la Unión y abre la puerta a un procedimiento judicial si el Ejecutivo no adopta medidas inmediatas.
Audasa, peajes hasta 2048 y un debate gallego sin resolver
La AP-9, también conocida como Autopista del Atlántico, es la arteria principal de Galicia. Conecta Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Tui, y da servicio a más de 70% de la población gallega. Desde su inauguración, ha estado en manos de una empresa privada, actualmente Audasa, cuya concesión ha sido objeto de controversia política y social durante las últimas dos décadas.
En Colectivo defiende que las prórrogas fueron un fraude legal para blindar los ingresos de la concesionaria sin control ni competencia. Según Maraña, el respaldo de Bruselas «abre la puerta para que la AP-9 sea gratuita, como ya ocurre en Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde han caducado concesiones sin renovación».
La respuesta del Gobierno y el coste del rescate
Hasta ahora, el Gobierno español se ha resistido a anular la concesión o repetir el concurso, alegando que el rescate de la autopista costaría entre 3.000 y 4.000 millones de euros, a lo que habría que añadir una eventual transferencia de titularidad a la Xunta, que podría elevar la factura total a más de 6.000 millones.
Sin embargo, informes alternativos –como el elaborado por la Universidade da Coruña– estiman un coste sensiblemente menor: entre 900 y 2.100 millones, al no incluir el supuesto lucro cesante que defienden la concesionaria y el Ministerio de Transportes.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por su parte, ha asegurado que la «responsabilidad» por el procedimiento abierto contra España por la prórroga es del PP. Fuentes del ministerio han señalado a Efe que la prórroga a la AP-9 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno que encabezada el popular José María Aznar, por lo que sostienen que «si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular».
En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, indicó que esta «es una herencia envenenada más de las que deja el PP cuando llega al poder» y una de sus «maniobras típicas» al ponerse siempre, «del lado del poder del dinero». Los gallegos y gallegas, según Losada, «tendríamos que tener a día de hoy» una autopista libre de peaje y «fuimos condenados por el PP y Aznar» a continuar pagando hasta 2048.
La Xunta y el BNG exigen medidas inmediatas
Desde Galicia, tanto la Xunta de Galicia como los principales grupos de la oposición –con especial énfasis del BNG– han reclamado al Ejecutivo central que actúe sin más dilación. También exigen que se anulen los peajes, se asuma la titularidad autonómica y se abra un debate sobre la reversión de la infraestructura al sector público.
La líder nacionalista, Ana Pontón, ha celebrado este jueves el ultimátum dado por la Comisión Europea sobre las concesiones de los peajes de la autopista AP-9 y ha pedido al Gobierno que liberalice «dunha vez por todas» esa infraestructura. «É urxente que o Goberno tome nota e deixe de marear a perdiz. É urxente que dunha vez por todas se faga xustiza», señaló Pontón en declaraciones remitidas a los medios después de que la Comisión Europea señalase que el proceso de licitación no cumplió con la directiva sobre contratos públicos.
¿Y ahora qué? Última llamada antes del Tribunal Europeo
Con el dictamen motivado ya emitido, el Gobierno dispone ahora de un plazo limitado –generalmente de dos meses– para ofrecer una respuesta jurídica y política satisfactoria a Bruselas. De lo contrario, la Comisión llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría acarrear sanciones económicas y la nulidad definitiva de la concesión a Audasa.
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