Además de la advertencia al Gobierno central por incumplir la normativa bancaria por su intrusismo en la OPA del BBVA al Banco Sabadell, la Comisión Europea afeó, también este jueves, a España por la falta de procedimientos de licitación en los 25 años de sucesivas prórrogas a la empresa concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), Audasa.
Así lo indicó el Ejecutivo comunitario en un dictamen en que insta a España a «respetar las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública», refiriéndose directamente a la falta de nuevas convocatorias de licitación para la concesión tanto de la AP-9 como de la AP-66, cuyos contratos se llevan ampliando 25 y 29 años respectivamente en contra de la normativa europea. «Estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación», argumenta la Comisión Europea.
Pero el envió del dictamen no se limita a una mera advertencia, ya que desde el Ejecutivo comunitario asegura que España dispone «de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias para ajustarse a los principios de «igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública». En el caso de no cumplirse con la petición, Bruselas señala que «podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», recoge el dictamen.
Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respondieron horas después afirmando que recurrirán el ultimátum de la Comisión y agotarán todas las vías de respuesta. Al hilo, fuentes del departamento consultadas por Europa Press indicaron que las políticas del Gobierno central «van en dirección contraria» a mantener los peajes, pese a que ahí siguen, y que responden a los requerimientos de Bruselas por «responsabilidad y para velar por el bien común».
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