Viajar por la AP-9 volverá a ser más caro en 2026 y hacerlo en su trayecto más largo, desde Ferrol a Tui supondrá casi 25 euros. De Vigo a Coruña llegará a más de 21 y hasta Santiago 12,5. Incluso el Vigo-Pontevedra superará por vez primera los cinco euros. Todo por la aplicación del acuerdo por el que Audasa, la concesionaria, puede incrementar cada año los peajes lo mismo que la inflación (que se mueve en torno a 3,4) y un punto añadido, es decir un 4,3 o 4,4, en función de cómo termine. Y todo ello mientras la Comisión Europea mantiene que la concesión actual de Audasa es ilegal al haber vulnerado el Estado las normas comunitarias de competencia al conceder dos prórrogas a Audasa por dos gobiernos distintos. Sobre este punto se basa la demanda de la Federación de Transportistas de Galicia, que va “a por todas”, en este caso directamente al Tribunal Supremo (TS). Pero mientras no llega a una sentencia del TS o una decisión firme de la Comisión, o el Gobierno cambia de opinión, los gallegos continuarán pagando el peaje cada vez más caro. Así lo señalaba ayer Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, la asociación de consumidores que presentó la demanda contra las dos prórrogas y por los pagos en Rande durante las obras, denuncia finalmente ganadora.

“De 2018 a 2038, Audasa puede subir el IPC y un punto. Y hasta 2048, mantener el peaje en la autopista, salvo que el Gobierno acepte el dictamen de la Comisión y deje de oponerse a la ilegalidad”, explicó. En este sentido, reconoce que se muestra partidario de la vía abierta por los transportistas. “Es probable que se pueda avanzar con más rapidez por esa vía, sin duda viable, y que mantiene la msima argumentación de nuestros abogados. Estamos seguros de que tardará menos en conseguir una sentencia que otras opciones”, indicó. Mientras, la Comisión mantiene abierta la investigación sobre la prórroga de la concesión de Audasa hasta 2048, declarada ilegal por Bruselas en 2023.

El «no» del Gobierno

La Comisión Europea mantiene que la prórroga de la concesión de Audasa hasta 2048 es contraria a la normativa comunitaria, pero el Gobierno no ha adoptado medidas para revertir la situación, sino al contrario, alegando el enorme coste que supondría para las arcas estatales, según mantiene Óscar Puente. Tanto la Xunta como el Parlamento gallego han exigido por unanimidad la transferencia de la AP-9 al Ejecutivo autonómico y la abolición progresiva de los peajes, aunque la propuesta continúa bloqueada en Madrid.

Fuente: Atlántico Diario